Diputada Hernando es electa presidenta de la Comisión Investigadora de Garantías Explicitas en Salud

Parlamentarios citarán a directores de FONASA del gobierno actual y anterior

 

Diputada Hernando es electa presidenta de la Comisión Investigadora de Garantías Explicitas en Salud

 

Miembros de la instancia tendrán un plazo máximo de 30 días para entregar un informe sobre la investigación.

 

Fue por unanimidad que la diputada Marcela Hernando (PR) fue electa por sus pares para presidir durante un mes la Comisión Especial Investigadora que se encargará de analizar la función que tuvo el Gobierno -entre los años 2013 y 2016- en cuanto a la elaboración de los decretos supremos que aprueban las Garantías Explícitas en Salud (GES). La parlamentaria por Antofagasta señaló los principales objetivos que llevarán a la Comisión a corregir los errores emanados de estos decretos.

 

Alto costo

 

Hernando señaló que junto a sus colegas hará una revisión lo más breve posible para agotar las diligencias en el primer mes y poder solucionar una problemática de carácter urgente.

 

“Es de público conocimiento que hemos tenido un último decreto que se tuvo que enmendar y que precisamente fueron voces externas al Ministerio las que se dieron cuenta que en este decreto GES, que indicaba cuales eran las garantías a cumplir en los próximos tres años, tenía diferencias en los copagos, lo que hacía que algunas enfermedades -que ya estaban siendo cubiertas- ahora pasaran a tener un alto gasto en los bolsillos de los pacientes”, manifestó la médico cirujano.

 

Análisis

 

La Comisión deberá abordar el actuar de los organismos que intervinieron en el proceso; los posibles errores de cálculo de los aranceles de las patologías contenidas en tales decretos; los eventuales errores en el cálculo de la frecuencia del copago, en atención al costo de las patologías cubiertas; así como los eventuales perjuicios que pudieran haberse ocasionado como consecuencia de dichos errores.

 

Invitados

 

Hernando anunció los primeros invitados a la Comisión que tendrán su participación el próximo 4 de julio del presente año. “Para la primera reunión serán invitados la directora de FONASA, Jeanette Vega, y el anterior director de la institución durante gobierno del Presidente Piñera, Mikel Uriarte. De ambos queremos recabar los antecedentes por los cuales los Decretos sufrieron cambios, los cuales a ellos les tocó promulgar”, concluyó la parlamentaria.

 

 

 

 

 

Diputadas presentan moción para uso obligatorio de tobillera electrónica para infractores de ley de Violencia Intrafamiliar

Juez podría imponer la medida con el solo mérito de la denuncia al comprobarse la agresión 

 

Diputadas presentan moción para uso obligatorio de tobillera electrónica para infractores de ley de Violencia Intrafamiliar

 

Iniciativa es impulsada por diputadas del PR, PPD y RN, y busca que infractores usen el dispositivo como mínimo seis meses.  

 

El uso obligatorio de una tobillera electrónica o cualquier otro dispositivo de alerta remota, por parte de quienes cometen Violencia Intrafamiliar (VIF) es lo que busca un proyecto de ley presentado por las diputadas Marcela Hernando (PR); Marcela Sabat (RN); Cristina Girardi y Loreto Carvajal  (PPD). La iniciativa modifica la ley de VIF para que el juez tenga que considerar por obligación el uso de una tobillera electrónica u otro aparato que permita el conocimiento de la ubicación exacta de un agresor.

 

Obligatoriedad

 

“Estamos persiguiendo la obligatoriedad de usar un método como la tobillera u otro de detección remota en los infractores de la ley de Violencia Intrafamiliar. Hoy un juez puede dictar esta medida, pero es facultativo de él”, señaló la diputada Marcela Hernando, impulsora del proyecto, quien además explicó que la idea es hacerlo obligatorio desde el momento de la denuncia, “comprobándose que existe un abuso reiterado, como lo dice la ley, y además como pena accesoria una vez que sea condenado. Mínimo seis meses es el uso que debería tener este dispositivo”.

 

Políticas deficientes

 

Por su parte, la diputada Loreto Carvajal, sostuvo que la política de prevención y de resguardo hacia las mujeres ha sido un fracaso. “De nada sirve tener una medida que queda a criterio del juez cuando entendemos que los criterios de los tribunales han sido bastante diferenciadores. Sin ir más lejos, los últimos casos que hemos tenido han sido resueltos gracias a causas ajenas que ningún ser humano esperaría. Creemos que hoy día hacer obligatorio el uso de tobillera electrónica u otro elemento para la detección eficaz y oportuna de un agresor o un posible femicida es relevante y urgente”.

 

Mayor control

 

En tanto, la diputada Cristina Girardi indicó que la iniciativa fue planteada porque actualmente es muy difícil controlar el cumplimiento de las medidas cautelares de no aproximación. “Debido a eso se hace muy necesario que exista un dispositivo electrónico, tobillera o pulsera, que permita detectar si el hombre se está acercando al domicilio o lugar de trabajo de la mujer para asegurar –precisamente- que las medidas cautelares de no acercamiento se cumplan”.

 

La diputada de RN, Marcela Sabat, manifestó que la Presidenta de la República el 21 de mayo anunció que iba a patrocinar proyectos que reforzaran medidas que ayudaran a las víctimas VIF. “El considerar las tobilleras para los imputados por casos de violencia es algo que está planteado , están los recursos para ello y creemos que hay que potenciar estas iniciativas para evitar futuras muertes  de mujeres en manos de sus parejas”.

 

 

Diputada Hernando presenta proyecto que beneficia a dirigentes vecinales

Moción pasó a la Comisión de Trabajo

Diputada Hernando presenta proyecto que beneficia a dirigentes vecinales

La iniciativa busca modificar el Código del Trabajo para otorgar permiso laboral en favor de los trabajadores que se desempeñen como representante de una junta de vecinos.

La diputada de la bancada radical, Marcela Hernando, presentó una moción que busca regular la situación del trabajador que desempeña algún cargo de representación en una junta de vecinos, para que tenga el derecho a tres horas de ausencia en su trabajo remunerado y así cumplir con reuniones, asambleas o trámites administrativos que exige su cargo.

“Existe una cantidad de dirigentes vecinales que trabajan en otras empresas remuneradamente y que se ven obligados a excluirse del cumplimiento de las labores vecinales otorgadas por su condición –principalmente- cuando son convocados por las Municipalidades o asambleas. La idea es implementar un fuero que dé derecho hasta 3 horas para que puedan hacer sus respectivos trámites, y ante el cual los empleadores estarían obligados a otorgarles este derecho”, concluyó la diputada.

Fomento a la participación

En la moción presentada, la representante por la región de Antofagasta explicó y enfatizó el rol del Estado en cuanto a la participación ciudadana en la gestión pública y la responsabilidad que les corresponden -principalmente- a las organizaciones vecinales en la sociedad actual.

“No se ha evidenciado una preocupación real respecto del tema. Una solución que realmente atienda la importancia de dichas asociaciones debe necesariamente concretarse en herramientas jurídicas que compatibilicen el fomento a la participación en dichas organizaciones, con la excelencia y el buen desempeño profesional. Las juntas de vecinos tienen un rol innegable en nuestra democracia, son verdaderos focos de materialización de estándares democráticos, de forma tal que dichas organizaciones se convierten en verdaderos factores de conexión entre la sociedad civil y el Estado”, señala la moción parlamentaria.

Detalle

La propuesta de la diputada Hernando establece que todo trabajador dependiente que desempeñe adicionalmente el cargo de presidente, tesorero o secretario en una junta de vecinos, estará facultado de ausentarse durante su jornada laboral, hasta por un máximo de 3 horas semanales no acumulables, siempre que la salida del trabajador se vea motivada por la asistencia a una asamblea extraordinaria; representar a la organización en los casos que proceda, ya sea por llamado legal o estatutario; gestionar la solución de problemas o asuntos que afecten a la unidad vecinal, buscando el apoyo de organismos gubernamentales y privados para conseguir dichos fines.

La salida del trabajador que se vea motivada al amparo de una de las circunstancias anteriormente descritas, se entenderán computadas a la jornada laboral para todos los efectos legales. En cuanto al empleador, éste no podrá condicionar la contratación del trabajador, su permanencia o renovación de contrato, ya sea respecto al uso de las facultades que les confiere la presente ley, o al ejercicio de las funciones de presidente, tesorero o secretario de una junta de vecinos.