Diputada Hernando presenta proyecto de acuerdo para alcanzar la gratuidad del transporte público en caso de discapacidad

 

 

Iniciativa propone validar beneficio a través de la credencial que actualmente entrega SENADIS

 

Diputada Hernando presenta proyecto de acuerdo para alcanzar la gratuidad del transporte público en caso de discapacidad

 

La ciudadanía gasta en promedio cerca de 44 mil pesos mensuales en locomoción colectiva, lo que corresponde a más de la mitad del valor de una pensión básica solidaria.

 

Un proyecto de acuerdo que solicita al gobierno la implementación de un mecanismo que otorgue gratuidad en el transporte público para personas con discapacidad presentó la diputada Marcela Hernando (PRSD). La propuesta busca alivianar la carga económica para una cantidad de 2.119.316 afectados definidos en el Censo de 2012, quienes representan el 12,7% de la población total del país.

 

Dificultad

 

Acorde a la fundamentación de la iniciativa de la legisladora por la Región de Antofagasta, las personas que son beneficiarias de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez reciben 85 mil 964 pesos al mes, gastándose en promedio cerca de 44 mil pesos mensualmente en locomoción, lo que significa más de la mitad de la asignación y el 20% de un ingreso mínimo.

 

“Se habían presentado algunas iniciativas similares buscando gratuidad para los adultos mayores. Sin embargo, los discapacitados o las personas con capacidades diferentes tienen en general enormes dificultades para desplazarse a terapia, a actividades que tienen que ver con su propia salud, pero también con la posibilidad de desempeñarse en algún puesto laboral, y eso realmente imposibilita el que puedan acceder a puestos de trabajo”, explicó Hernando, quien forma parte de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara de Diputados.

 

Tarjeta

 

Según la Ley N° 20.422 sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, es el SENADIS la institución encargada de entregar una credencial para acceder a ayudas técnicas, fondos concursables y subsidios habitacionales, entre otros beneficios, lo que según la congresista radical hace lógico que sea a través de esta identificación, subsidiada por el Estado, que se pueda acceder gratuitamente al servicio de transporte.

 

“Existen muchas modalidades, de la misma manera como podría haber un pase gratuito con una subvención estatal; ya como ocurre con los escolares podría ocurrir para los adultos mayores, y nosotros esperamos que ocurra para las personas con capacidades diferentes”, indicó la parlamentaria de la Nueva Mayoría.

 

 

Diputada Hernando presenta proyectos de ley para aumentar penas por lavado de activos e inhabilitar a condenados en cargos públicos y privados

Ante separación de delitos basales y asociados:

Diputada Hernando presenta proyectos de ley para aumentar penas por lavado de activos e inhabilitar a condenados en cargos públicos y privados

Legislación actual podría beneficiar una “rebaja” en las condenas para personas involucradas en el emblemático Caso La Polar.

Un proyecto que modifica la ley 18.045 de Mercado de Valores presentó la diputada Marcela Hernando (PRSD), en orden a establecer mayores penas e inhabilidades respecto de personas que incumplan la normativa que vigila la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Adicionalmente, la parlamentaria por la Región de Antofagasta presentó otra moción, que establece suspensiones e inhabilidades para acceder a cargos públicos en el caso de personas condenadas por el delito de Lavado de Activos.

Penas inferiores

El 18 de febrero de 2015 entró en vigencia la ley 20.818, que buscaba perfeccionar los mecanismos de control y juicio del delito de lavado de activos, modificando la ley 19.913, cuyo texto original sancionaba el lavado de activos con penas privativas de libertad que iban desde presidio mayor en su grado mínimo a medio y multas desde 100 a 1.000 UTM. La nueva normativa incorpora un último inciso al artículo 27 sobre penas y su graduación, señalando que la pena privativa de libertad aplicable por este artículo no podrá exceder de la pena mayor que la ley le asigna al autor del delito base que castiga esta ley.

“Eso significa entonces que nadie puede tener una pena por este tipo de delitos de lavado de dineros, o del mercado de valores que sea mayor que la pena de base. Por ejemplo, un tráfico de drogas, lavado de activos, etcétera. Entonces eso hizo que nos pareciera necesario revisar toda la legislación respecto de esas penas basales y las aumentamos de tal manera que efectivamente cumplan con cárcel aquellas personas que cometen delitos de cuello y corbata y que no sea la cárcel sólo para aquellos que copian un CD o que roban algo en el supermercado”, advirtió la diputada Hernando, quien mantiene un trabajo conjunto el Ministerio Secretaría General de la Presidencia para lograr un adecuado impulso a su iniciativa con la participación del Ejecutivo.

Inhabilitación en cargos

La modificación que presentó la parlamentaria de la Nueva Mayoría a la Ley de Mercado de Valores propone que las bolsas de valores deban sancionar a sus miembros con expulsión e inhabilitación absoluta y especial temporal en cualquiera de sus grados para desempeñarse como gerente, director, liquidador o administrador a cualquier título de una sociedad o entidad sometida a la fiscalización de la Superintendencia respectiva ante suspensiones reiteradas; violaciones a lo dispuesto en las disposiciones contenidas en los artículos 52 y 53 y en cualquier otro caso en que las normas internas de una bolsa de valores establezcan la expulsión de sus miembros como sanción.

La moción describe además una serie de incumplimientos a lo regulado por la SVS que serían castigados con penas de presidio menor en su grado mínimo a presidio mayor en su grado mínimo, e inhabilitación absoluta y especial temporal para ejercer cargos públicos ante diversos casos, destacando el uso de antecedentes o hechos falsos; la declaración maliciosa en respectiva escritura de emisión de valores de oferta pública y el otorgamiento de una clasificación que no corresponda al riesgo de los títulos que clasifique.