sábado, 20 de mayo de 2017

Diputada Hernando celebra despacho de proyecto que protege a quienes sufren problemas de salud mental


Tras análisis y discusión en Comisión de Salud:

Diputada Hernando celebra despacho de proyecto que protege a quienes sufren problemas de salud mental

Se trata de dos mociones refundidas que tienen como objetivo aumentar la protección para personas con patologías de salud mental.

Tras varias sesiones de debate y análisis junto a expertos, la Comisión de Salud despachó dos mociones refundidas propuestas por la diputada Marcela Hernando (PRSD), y el parlamentario Sergio Espejo (DC). Las iniciativas pretenden –por un lado- cautelar y especificar cuáles son los derechos de las personas con patologías de salud mental; y, por el otro, normar la hospitalización involuntaria de las personas con problemas de salud mental.

“Muchísima gente era de la tesis de que habiendo una ley que habla de los derechos y deberes de los pacientes no debería hacerse una distinción respecto de esta población porque debería aplicársele aquella. Sin embargo, existen razones por las cuáles los equipos de salud y también las seremis de salud hoy día tienen la potestad de indicar tratamientos e incluso de hospitalizar a alguien por razones que no solo son técnicas o médicas, muchas veces son sociales”, explicó la integrante de la instancia legislativa, Marcela Hernando.

Medidas generales
Entre las normas se establece que, en hospitalizaciones voluntarias de más de 60 días o involuntarias de más de 90, siempre se produzca un control judicial que cautele los derechos de la persona que es portadora de un trastorno mental temporal o permanente.

Además, se reconoce el derecho de requerir la opinión de niños, niñas y adolescentes cuando son objeto de un tratamiento, de acuerdo a su grado de conocimiento o de desarrollo psicológico. También se garantiza el derecho de los padres o familiares a acompañar a sus parientes que tengan una patología mental, durante el proceso de tratamiento.

Detalle
La propuesta define un estatuto de derechos para toda persona que padezca un trastorno mental, temporal o permanente, siendo el primero de ellos no poder ser sometidos a tratos inhumanos o degradantes.

Por su parte, queda expresamente prohibido realizar intervenciones quirúrgicas irreversibles definitivas e involuntarias en las personas que tengan este tipo de condición, como es el caso de la esterilización o determinadas neurocirugías.

En cuanto a lo presupuestado por el Ejecutivo en salud mental, la parlamentaria radical indicó que el desafío es: “destinar al menos un 5% de los gastos en Salud a los de patologías mentales, ya que actualmente se dispone sólo el 2%, por lo tanto, hay aumentar la inversión y a lo menos alcanzar las cifras de la OCDE del 5%, ya que tanto nos gusta como país compararnos con ese organismo”. 
 
 




















 

miércoles, 12 de abril de 2017

Diputada Hernando ofició al presidente de la Corte Suprema por creación de un Tribunal Mixto para San Pedro de Atacama

Comuna ya alcanzó los 14 mil habitantes y al menos 2.000 mil causas anuales en la justicia

Diputada Hernando ofició al presidente de la Corte Suprema por creación de un Tribunal Mixto para San Pedro de Atacama
 
Más de un año ha pasado desde que la Cámara Baja aprobó un proyecto de resolución presentado por Hernando, quien mantiene gestiones para evitar que los residentes de la localidad deban viajar a Calama para resolver sus asuntos judiciales, destacando casos por violencia de género.
 
Un oficio parlamentario dirigido al presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, emitió la diputada Marcela Hernando (PR), en orden a consultar sobre la eventual determinación del organismo para instalar un juzgado de competencia mixta a la comuna de San Pedro de Atacama, atendiendo al aumento de causas judiciales que la zona ha experimentado durante los últimos años.
 
La determinación de la legisladora obedece al tiempo transcurrido desde la aprobación del acuerdo Nº 12477 de la Cámara, aprobado el 10 de septiembre de 2015, y las consecutivas gestiones que la representante por la Región de Antofagasta ha hecho ante el poder ejecutivo y el poder judicial.
 
Población
 
“La necesidad de instalar este tribunal es porque San Pedro tiene hoy una población que no solamente ha crecido, por los mismos residentes, sino también porque mantiene una población flotante de turistas que es permanente en el tiempo y durante todo el año, no tiene oscilaciones, y esta gran cuantía de personas da cuenta también, o pone más en evidencia el aislamiento que tienen las personas de los Ayllú, de las zonas cercanas o de las comunidades autóctonas”, señaló Hernando, quien es miembro titular de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara.
 
La legisladora detalló que de concretarse la medida por el máximo tribunal del país mejoraría notoriamente el acceso a la justicia de los sanpedrinos, recordando que hoy la población de San Pedro de Atacama asciende a 14 mil personas, con al menos 2.000 mil causas originadas en la localidad turística, las que se tramitan en la comuna de Calama obligando a las personas a emprender varios viajes entre ambas ciudades para resolver sus asuntos judiciales.
 
Violencia de Género
 
Fue en una actividad parlamentaria desarrollada con el apoyo del municipio, a través del programa social Paunacota y Yaalir, que Hernando recibió la inquietud de las mujeres de la comuna, quienes en el marco de una conversación sobre la Ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar evidenciaron la ausencia de lugares de denuncia y por lo tanto su imposibilidad de acceder a protección y justicia.
 
La congresista lleva además a su haber varias conversaciones con los ministerios de Justicia y de la Mujer, instituciones a las que representó la dificultad de la ciudadanía para obtener justicia, principalmente en casos de maltrato al adulto mayor y de violencia contra la mujer, consiguiéndose que la comisaría incorporara cambios en sus dependencias para incorporar personal femenino en el cuartel y por parte del Ministerio de la Mujer (SERNAMEG) y Gobierno Regional, la incorporación de un SERNAMEG Móvil para acudir a lugares aislados de la región.






















jueves, 12 de enero de 2017

Diputada Hernando valoró aprobación de informe de Comisión Investigadora sobre explotación del Litio

Cámara Baja respalda que el Estado termine contratos de arriendo con SQM

Diputada Hernando valoró aprobación de informe de Comisión Investigadora sobre explotación del Litio

Legisladores proponen que se requiera de manera urgente al Consejo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear para que revise las actividades de exportación de las salmueras que viene practicando SQM desde 2007.

A través de su voto a favor la diputada Marcela Hernando (PR) respaldó las conclusiones del informe final de la Comisión Investigadora de la Participación de Organismos Públicos en la Explotación de litio,  texto que fue aprobado este miércoles por la Cámara Baja con 60 votos a favor, 24 en contra y 11 abstenciones. Con ello se pone fin a una instancia creada luego de que un grupo de 79 diputados diera cuenta de una serie de irregularidades referidas a la explotación por agentes privados del Salar de Atacama, ubicado en la Región de Antofagasta.

“Han quedado planteadas muchas observaciones a estos convenios, a estos acuerdos y por parte de la Comisión se hicieron ya los oficios y se acordó también el representar a algunos organismos como Corfo, como los ministerios y como la propia Comisión Chilena de Energía Nuclear tiene que cumplir con sus roles -en el último caso fiscalizadores- y de los demás en términos de salvaguardar este activo chileno que no debería estarse yendo del país de la manera en la que lo está haciendo”, resaltó la diputada antofagastina
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Irregularidades

El documento de 400 páginas señala que los incumplimientos se articularon a través de contratos entre la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), y la empresa SQM, a través de otras empresas filiales para la explotación de un conjunto de pertenencias mineras denominadas “OMA”, cuyo titular es el Estado de Chile a través de la CORFO.
 
“En efecto, constituyen para esta Comisión hechos públicos y notorios las acciones acometidas por SQM desde el año 2009 a través de la simulación de contratos, la celebración de contratos irrelevantes o insignificantes, y el uso de facturas o boletas ideológicamente falsas, todas maniobras destinadas a ocultar la transferencia de millones de dólares para el financiamiento de campañas políticas y granjearse, de paso, descuentos ilícitos a sus obligaciones tributarias en perjuicio del Fisco de Chile”, advierte el informe.

Fiscalización

Entre otras materias, la Comisión Investigadora propuso que se requiera de manera urgente al Consejo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) para que en ejercicio de sus facultades legales, revise las actividades de exportación de las salmueras que viene practicando SQM desde 2007, a la luz de las disposiciones de su Acuerdo N° 1576, de 1995, y constate la ilicitud de dicha actividad comercial.

“Yo creo que este es un tema de política pública, de política de país; estrategia de país que tiene muchísimos años. Desde el año 95 existen algunos decretos y resoluciones por parte de la Comisión Chilena de Energía Nuclear y que establecían la posibilidad de explotar el litio en determinadas formas, y esas formas no incluían la salmuera”, relevó Hernando. En cuanto al contrato de Rockwood, la Comisión planteó que es la Contraloría la que tiene que hacer su trabajo finamente, entendiendo que los documentos también presentarían problemas de alta complejidad.

“Esta Comisión sostiene que la entidad de fomento ha hecho bien en requerir de las instancias judiciales competentes el término definitivo de dichos contratos y la restitución de los bienes del Estado puestos en su momento a disposición para la ejecución del proyecto, en tanto en cuanto esas serias y reiteradas infracciones denunciadas por CORFO han puesto en serio riesgo los objetivos superiores y el interés general de la nación contenidos en el objetivo del proyecto, y han provocado un daño significativo a la CORFO y, por ende, a todos los chileno y chilenas”, detalla el informe.