miércoles, 27 de julio de 2016

Cámara aprueba proyectos de diputada Hernando para mejorar atención a víctimas de VIF en zonas rurales


Parlamentaria explicó realidad que viven mujeres de San Pedro de Atacama

Cámara aprueba proyectos de diputada Hernando para mejorar atención a víctimas de VIF en zonas rurales

Las iniciativas buscan mejorar las condiciones y procedimientos que ofrece el sistema jurídico en relación a víctimas de Violencia Intrafamiliar (VIF), sobre todo aquellas que viven en zonas alejadas a los grandes centros urbanos.

La Cámara Baja aprobó dos proyectos de acuerdo pertenecientes a la diputada de la bancada radical, Marcela Hernando, los cuales solicitan, por un lado, garantizar un adecuado acceso a la justicia de las víctimas de violencia intrafamiliar y, por otro, establecer una única jurisdicción competente para decretar medidas de protección en favor de estas personas.


Acceso a la justicia

La congresista antofagastina explicó lo urgente que significa que en sectores rurales se garantice la recepción de las denuncias por violencia en las comisarías; estableciendo unidades policiales especializadas en cada institución y con dedicación exclusiva en esta materia.

“En el nivel rural no existe la infraestructura pública necesaria para que una persona –que se sienta violentada- pueda hacer la denuncia. El único lugar, por ejemplo en San Pedro de Atacama, es la comisaria y allí no siempre se encuentran personas capacitadas para recibir ese tipo de denuncias. Entonces, lo que pasa es que una mujer de una zona rural difícilmente hace la denuncia, esa denuncia va ir a dar a un juzgado a muchos kilómetros de distancia y, si la citan, a declarar difícilmente podrá asistir. Por lo tanto, uno podría pensar quee4 las mujeres, las familias y todos aquellos que son sujeto de violencia en las zonas rurales no están teniendo acceso a esta ley; y eso hay que corregirlo”, detalló Hernando.

Además, la diputada señaló que este proyecto cuenta con la creación de protocolos de seguridad y protección de las víctimas que involucren transversalmente a todos los actores sociales: víctima, policías, Ministerio Público y tribunales. “Esto con la finalidad de posibilitar una rápida respuesta, ante cualquier incumplimiento de la medida decretada”.

Única jurisdicción

A su vez, la congresista manifestó su preocupación ante la falta de mecanismos que mejoren el proceso judicial que enfrentan las víctimas de violencia intrafamiliar; señalando que -en materia de procedimiento- es necesario hacer cambios para acoger en forma única este tipo de denuncias.

“Nos encontramos con una normativa que le entrega potestades a dos tipos de juzgados; una es la Ley de Violencia Intrafamiliar propiamente tal y la otra es la que creó los juzgados de familia. Los juzgados de familia son los primeros que debieran de recibir la denuncia de violencia, sin embargo –al recibirla- si estiman que es lo suficientemente grave o que cumplen son los requisitos deben derivarlo a un juzgado habitual, el cual se puede declarar incompetente. Esto crea una contienda de competencias que al único que perjudica es a la víctima”, aseveró Hernando.

Por medio de este proyecto, la legisladora junto a otros parlamentarios solicitan a la presidencia que tome las medidas tendientes a unificar la competencia que actualmente existente en materia de Violencia Intrafamiliar, en un sólo tribunal especializado; con el objetivo de agilizar los procesos de concesión de medidas de protección en favor de las víctimas.
















jueves, 7 de julio de 2016

Diputada Hernando presentó indicación para asegurar derechos de niños con discapacidad en proyecto que crea nuevo Sistema de Educación Pública



Proyecto retornó a las comisiones de Educación y Hacienda
 
Diputada Hernando presentó indicación para asegurar derechos de niños con discapacidad en proyecto que crea nuevo Sistema de Educación Pública
 
El mensaje presidencial, aprobado en general por la Cámara de Diputados, significa el comienzo del proceso de desmunicipalización de la educación chilena.
 
Una indicación para garantizar la participación de los directores regionales del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) en los nuevos consejos locales de Educación considerados en el proyecto que crea nuevo Sistema de Educación Pública presentó la diputada Marcela Hernando (PR). La Cámara Bajo aprobó en general, con 71 votos a favor, 36 en contra y 4 abstenciones, la iniciativa en su primer trámite constitucional.
 
Proyecto
 
“La división que se produjo al ser traspasados a las municipalidades también provocó inequidades tremendas de diferencias entre municipios ricos, municipios pobres, aquellos alcaldes que tenían más interés, menos interés, etcétera. Entonces hoy día lo que hace este proyecto fundamentalmente es cambiar el modelo de administración; centralizarlo de tal manera de tener una uniformidad y una planificación de largo plazo”, valoró Hernando.
 
El proyecto tiene como objeto central que el Estado entregue una educación pública gratuita y de calidad, laica y pluralista, creando los Servicios Locales de Educación Pública, instituciones cuyo número se distribuirá a lo largo de todo el país, coordinándose a través de la Dirección de Educación Pública del Ministerio de Educación.
 
Discapacidad
 
“Una de las cosa que se extraña en el proyecto es, probablemente y en particular, mayor detalle respecto de lo que pasa con niños con capacidades diferentes, porque aparecen mencionados, pero en forma genérica, así es que he hecho una indicación incorpora a los directores regionales del Servicio Nacional de la Discapacidad a los consejos de educación, de tal manera que exista alguien que esté permanentemente velando por la planificación e incorporación de los niños, porque estos son derechos universales y los niños con capacidades diferentes tienen los mismos derechos”, arguyó la representante de Antofagasta, cuya indicación señala que la participación del director regional de SENADIS en el Consejo Local será obligatoria.

 
Discusión
 
La iniciativa gubernamental será analizada en las comisiones de Educación y  Hacienda, donde se revisarán el conjunto de las indicaciones presentadas. Igualmente serán relevantes la introducción en la última comisión de de dos propuestas del Ejecutivo: la extensión hasta el año 2022 de la vigencia del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), que permite incorporar $450 mil millones al proceso de traspaso, y la inclusión de un compromiso expreso de parte del Gobierno de enviar, antes de enero de 2017, un proyecto de ley que establezca un estatuto para los asistentes de la educación.